ENTRE LA INDECENCIA Y LA TRAICIÓN

Aunque era previsible y un secreto a voces, no ha sido menos dolorosa la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de derogar la conocida como “Doctrina Parot”. Pocos españoles saben en concreto en qué consiste esta figura legal, pero sí saben muy bien las nefastas consecuencias que conlleva, que no son otras que la puesta en libertad de decenas de etarras, violadores en serie y asesinos varios. Eso indigna al común de los españoles de bien, aunque parece que no a nuestra clase política, que desde la liviana critica al apoyo, parece no prever otras acciones que la puesta en la calle de los criminales, como ya ha hecho con la etarra Inés del Río.

Pero… ¿Qué significa en concreto la Doctrina Parot? Dicha doctrina se basa en una sentencia del Supremo de 28 de febrero de 2006, en respuesta al recurso presentado por el etarra Henri Parot y por el cual se establece que las reducciones de penas se aplicarán a cada una de las penas computadas al penado, y no a la suma de todas ellas, que según el infausto Código Penal de 1973 no puede exceder de 30 años. Es por eso, que llegado cierto punto de crímenes existía “barra libre” para cometer asesinatos, pues más de dichos años no podías permanecer en prisión. A simple vista del desconocedor de las leyes, puede resultar extraño que un código hecho durante el franquismo sea tan benevolente con tan infames criminales. La cuestión es que la España de entonces era un país demasiado tranquilo y sin delincuencia, por lo que la dureza penal no era necesaria. Así, cuando comenzó a aflorar el terrorismo, se creó la famosa no se cuenta que los terroristas eran juzgados conforme al Decreto Ley 10/1975, la famosa Ley Antiterrorista, que podía llevar a los terroristas al paredón. Tras la muerte de Franco, esta ley no era muy políticamente correcta y terminó siendo derogada, máxime cuando la Constitución de 1978 prohíbe las jurisdicciones especiales . Así, en la España de los 70 y 80 , con un terrorismo que dejaba 100 muertos al año y unos niveles de delincuencia propios de la selva (bondades tiene la democracia), los políticos de entonces no hicieron nada, pues la miserable acémila que fue Adolfo Suárez no sería capaz de elaborar nada decente , mientras que a González como buen socialista, no le molestaba el terrorismo (cuando le molestó creo el GAL) y los delincuentes siempre le cayeron muy simpáticos al PSOE, que consideró que el culpable de la delincuencia era la malvada sociedad, no los delincuentes. Por ello, los criminales más abyectos de la España de entonces se pasaban un tiempo ridículo tras las rejas para volver como si nada hubiese pasado a la calle a matar, violar y robar.

Con nuestro actual código de 1995 (aunque tan reformado que ni siquiera sería reconocible en aquel), a los seres execrables se les complica un poco más la cosa (un poco, no demasiado), pero a los que les fue aplicado en su día el código del 73 tenían el límite de 30 años de cumplimiento máximo, muy rebajados por las múltiples prebendas que nuestro sistema penal tiene. Ante sus inminentes excarcelaciones, se le ocurre al cerebro jurídico español esta chapuza, hecha apresuradamente para evitar el desastre. Ciertamente que a pesar de la todo la resolución podría haber sido otra, pero eso no quita que el edificio se hiciese mal desde los cimientos.

Ahora quedan los lamentos y las penas, revestidas de cierta hipocresía de aquellos que se rasgan las vestiduras ahora, pero se oponen a la cadena perpetua y la pena de muerte (mejor solución para estos casos, que no permite a jueces gilipollas ni políticos inútiles dar oxígeno a la gentuza).

Sin embargo, todos sabemos que en este caso no sólo han tenido la culpa los despropósitos legales. Primeramente tiene culpa la progresía imperante en Europa, que nunca ha entendido muy bien de qué iba esto de ETA en España, pero tampoco es el peor culpable. Lo más lamentable, una vez más, viene de parte del Gobierno. Todo el que conozca el funcionamiento de las “euroinstituciones” sabrá que existe una amplia capacidad de influencia de los gobiernos ante ellas, cosa que a la vista de los resultados, el Gobierno de España parece no haber ejercido. Si a eso unimos la celeridad en el cumplimiento de la resolución y la mansedumbre en el acatamiento, solamente nos queda pensar que o tenemos un gobierno muy cobarde o que tiene algún interés en ver a los etarras en la calle. Por oponer, ni siquiera se ha intentado algún tipo de resistencia vía art. 94.1 de la Constitución, que muchos constitucionalistas sugieren que podría evitar o dificultar la aplicación de la resolución de Estrasburgo…¡Nada de nada!. Todo esto solamente nos puede llevar a pensar en la existencia de algún tipo de interés por parte del Gobierno en ver etarras en la calle. ¿Será que Rajoy sigue al pie de la letra el plan de paz de ZP?.¿Será éste el segundo paso después de la suelta de Bolinaga?. ¿Vendrá en breve algún “gesto” de ETA que corrobore esta asquerosa rendición a plazos?. Sea como fuere, una masa de oprobio y vergüenza debe de caer sobre todos los que de alguna manera han tenido responsabilidad en que esta panda de hijos de puta esté en la calle.

Por último, quédense con la foto del sujeto que viene a continuación y su nombre. Se llama Luís López Guerra y ha sido uno de los principales responsables de este fallo. Secretario de Estado de Justicia con ZP, éste lo recolocó en el Tribunal de Estrasburgo para hacerle el trabajo sucio en lo relativo a ETA . Contrario como buen giliprogre a la “Doctrina Parot “, podemos desgraciadamente decir que ha hecho bien su trabajo. Quedémonos todos con su cara por si algún día lo vemos por la calle recordar quién es y el mal que ha hecho (violencia no, que no deja la legalidad vigente).

¡¡MUERTE A ETA Y SUS CÓMPLICES!!